Marlaska descarta actuar contra Leire Díez e insta a la autoridad judicial a tomar cartas en el asunto

El Gobierno descarta iniciar actuaciones contra Leire Díez, la militante del PSOE que ofreció a uno de los cereros del fraude de los hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, mediar ante la Fiscalía a cambio de pruebas que pudieran comprometer al teniente coronel de la Guardia Civil encargado de varias de las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez. El PP y Vox han anunciado ya su intención llevarla a los tribunales por conspirar contra la UCO, pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, alegó hoy que no es al Ejecutivo a quien corresponde dar ese paso.

Tanto el PSOE como el Gobierno se desvinculan de la actuación de Díez, que también niega haber actuado por encargo del partido o, más concretamente, de su secretaria de Organización, Santos Cerdán. Sin embargo, hasta ahora, desde que El Confidencial publicó el lunes su polémica conversación con Hamlyn, nadie salvo el portavoz parlamentario de la formación, Patxi López, este lunes ha censurado su actuación. La dirección del partido tampoco ha anunciado que vaya a abrir procedimiento disciplinario para investigar si ha podido contravenir sus principios de la organización, en la que ha ejercido como teniente de alcalde de Vega de Pas o directora de comunicación de la federación cántabra.

En lo que se refiere a la posible comisión de delitos, Marlaska argumentó que el «alcance» de la grabación en la que se oye a la exalto cargo socialista tildar de «Camorra» a la Guardia Civil y pedir a Hamlyn un «papelito» contra el jefe del Departamento de delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas , en compañía del abogado Jacobo Teijelo y del empresario procesado por el fraude de las subvenciones Javier Pérez Dolset , «puede hacer referencia a procedimientos judiciales en marcha» y que, por lo tanto, deberían ser la «autoridad judicial» competente la que «en su caso» tome «las medidas que estime oportunas».

Es un argumento muy similar al que hace dos semanas empleó el ministro de Justicia, Félix Bolaños en relación a la filtración de los wasaps entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos publicados por El Mundo. La diferencia es que Bolaños aseguró que si los tribunales no actuaban contra lo que tildó de delito evidente (aunque no aclarara cuál), el Ejecutivo sí emprendería acciones legales. Los tribunales no han movido un dedo y el Gobierno tampoco.

En el caso de las conversaciones entre Sánchez y el que fuera su ministro de Transportes -imputado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación-, el PSOE y varios miembros del Gobierno de manera tácita y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de manera más clara, apuntaron a la UCO como responsable de la filtración, a pesar de que el propio Ábalos reconoció que él había autorizado parte de los mensajes y de que, según El País, semanas atrás se les había amenazado desde el entorno de algunos implicados en el 'caso Koldo' con "grabaciones" capaces de "tumbar a un Gobierno" si, entre otras cosas, no se pagaban una serie de gastos del procedimiento judicial.

Montero alegó que la filtración de los mensajes era responsabilidad de quien "tiene el deber de custodia" y debía haberlos tenido "a resguardo o eliminado si es que ya no era necesario para la causa que se está instruyendo", es decir, la UCO, que tenía en su poder los discos duros incautados en casa de Koldo García en los que Ábalos hizo una copia (había más) de sus archivos. Este martes, el ministro del Interior expresó su "respeto" y su "máxima consideración" hacia la UCO y "todas las unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional", pero también alegó desconocer ninguna declaración del Gobierno que hubiera apuntado a la unidad encargada de investigar casos de corrupción.

Fuentes gubernamentales, no obstante, admiten sus suspicacias hacia la labor de ese departamento que actúa como policía judicial en causas como la de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez, y el fiscal general del Estado. Asuntos todos ellos que los socialistas consideran parte de una "cacería" de la ultraderecha. Pero también remarcan que su obligación es no lanzar mensajes que ahonden en la desconfianza en las instituciones y que eso dificulta que el Gobierno dé pasos ante la justicia para tratar de dilucidar los hechos. "Es un asunto -esgrimen- delicado".

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